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jueves, 1 de diciembre de 2011

EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD




Este derecho está referido de forma concreta en nuestra Constitución Española y principalmente en el artículo 43, pero el derecho a la salud está también apoyado y referenciado de forma relacionada, en el articulado complementario que garantiza y posibilita la consecución de la salud desde la salvaguarda del Estado y sus Instituciones.



Dice el artículo 43 de la Constitución Española:
  1. "Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
  2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.
  3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio".
Este artículo es un referente claro para el derecho a la salud: del redactado de la Constitución se desprende que el mismo es aplicable a todos/as aquellos/as que residan en España: dice "todos", no "todos los españoles", como hace expresamente la Constitución cuando quiere limitar el ejercicio de un derecho a sólo aquellos/as que gocen de nacionalidad española. Ello justifica, por ejemplo, que se esté facilitando asistencia sanitaria incluso a los que carecen en la actualidad de documentación legal para residir en nuestro país.



Otra cuestión no menos importante: se reconoce el derecho a la protección de la salud, no el derecho a la salud, puesto que la salud puede faltar por motivos ajenos al funcionamiento de los servicios sanitarios.



REFERENCIAS CONSTITUCIONALES 
RELACIONADAS CON 
LA SALUD Y LAS PERSONAS.



  • Artículo 10: "La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamentales del orden político y de la paz social".
  • Artículo 14: "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancias personal o social".
  • Artículo 18: "Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen".
  • Artículo 45: "Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo".
  • Artículo 49: "Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos".


Como se ha comentado en el artículo 43, también aquí es aplicable este derecho a todos los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos que residan en España. Decir asimismo que el Título a que hace referencia el artículo es el Título I de la Constitución, que recoge los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos.
  • Artículo 51: "Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos".

LA FUTURA LEY DE SALUD PÚBLICA



El gobierno quiere que el futuro sistema de salud tenga más en cuenta la prevención.

El actual sistema de salud español se fundamentó en el artículo 43 de la Constitución Española, que dispone que toda persona tiene derecho a la salud, independientemente de su situación económica y laboral. Esto significa que, a pesar de la saturación de consultas y hospitales, listas de espera y recortes en el gasto farmacéutico, etc., ese es uno de los pilares fundamentales de nuestro estado de bienestar, al tener una financiación pública y ser su acceso universal y gratuito. Todo ello le ha llevado a ser considerado por la Organización Mundial de la Salud entre los diez mejores del mundo.

Pero las actuales circunstancias sociales y económicas han llevado al gobierno a ‘replantearse’ la ley vigente y ha elaborado un Anteproyecto de Ley General de Salud Pública con el fin de alcanzar y mantener el máximo nivel de salud de la sociedad española, garantizar los derechos y deberes de los ciudadanos en salud pública, establecer mecanismos de coordinación entre el sector salud y otros sectores y disminuir las desigualdades.

Por el momento, el anteproyecto cuenta con el consenso de las Comunidades Autónomas y entre sus novedades más destacadas se encuentra el propósito de reforzar las acciones preventivas y de promoción y protección de la salud, ya que se considera que aunque los servicios sanitarios son imprescindibles para hacer frente a las enfermedades, existen diferentes condicionantes en el estado de salud como el entorno familiar y social, la educación, el diseño de las ciudades, la alimentación…

Por otro lado, desde el Gobierno se considera necesario adaptar los servicios y dispositivos de salud pública a los avances científicos y los problemas de salud que pueden producirse en las próximas décadas. Además, se hace necesario coordinar la regulación sobre la materia que han ido desarrollando las Comunidades. Así, mientras unas ya han promulgando sus propias Leyes de Salud Pública (Valencia, Cataluña, Castilla y León o Baleares), otras se encuentran en elaboración (Andalucía o Extremadura).
En definitiva, los objetivos fundamentales de la nueva norma se pueden centrar en 4 puntos:

1. Garantizar los derechos y deberes, tanto individuales como colectivos respecto a las prestaciones de salud pública, la promoción y la prevención de la salud.
2. Conseguir la consideración de la salud como efecto de otras políticas con la adecuada coordinación entre el sector salud y otros sectores.
3. Disminuir las desigualdades injustas en salud, sean territoriales, sociales, culturales o de género.
4. Establecer los instrumentos necesarios para la correcta planificación y coordinación de la salud pública.
Otro de los avances que introduce el anteproyecto en la seguridad sanitaria es la inclusión de la evaluación del impacto en la salud humana de las diversas actuaciones públicas.  De este modo, se articulará la Red Española de Vigilancia en Salud Pública de la que dependerá la Red Española de Laboratorios en Salud Pública, que permitirá disponer de las técnicas y procedimientos de máxima calidad para la detección y análisis de cualquier riesgo para  la salud pública.



La futura ley también implica la creación de  un Centro de análisis de políticas y actuaciones en salud pública, que llevará a cabo labores de asesoramiento técnico y científico y de evaluación de intervenciones de salud pública en el ámbito de otras administraciones, instituciones o entidades interesadas, así como un  Consejo Español de Salud Pública, un órgano colegiado de consulta y participación, adscrito al Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, en el que estarán representados los departamentos de la Administración General del Estado cuyas políticas inciden en la salud y aquellas otras administraciones, organismos y organizaciones que aseguren una adecuada gobernanza del sistema.





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